Apenas dos días después de bloquear el acuerdo de compra de Activision Blizzard con Microsoft, el Gobierno británico ha anunciado la tramitación de una polémica reforma que afecta a los poderes de la CMA. Y que, en términos generales, le otorga más facultades de policía. Parece ser que la controversia que está surgiendo a nivel internacional, tras el bloqueo de compra de Activision Blizzard, acompañada de la amenaza velada de deslocalizar los centros de Activision Blizzard y Microsoft, no ha llegado a oídos del Gobierno británico. En su lugar, han celebrado tramitar una reforma legal que dota a la CMA de más facultades intervencionistas en el mercado, llegando incluso a ejercerlas fuera de territorio británico.
La reforma gira en torno a siete puntos clave, con los que el Gobierno pretende dar una mayor protección a los consumidores de Reino Unido. Sin embargo, ya hemos visto que la excusa de querer proteger a los consumidores es un cajón de sastre en el que parece darse cabida a todo tipo de funciones. Actuaciones que, en cuanto se apruebe esta reforma, darán más problemas de los actuales, por convertir a la CMA en una entidad con mucho menor control del que tiene ahora.
Con la nueva reforma, la CMA tendrá poderes prácticamente suprajudiciales de investigación e interrogación en los procesos que esté conociendo.
Continúan las tensiones: la nueva reforma de la CMA le permitirá interrogar a personas no relacionadas con las empresas que investigue.
De todos los puntos en los que se enfoca la reforma, hay uno en particular que nos ha llamado poderosamente la atención. Se trata del punto 3, enfocado a las represalias en medidas anticompetitivas. Una modificación a la situación actual que, aplicada de forma arbitraria, puede dar lugar a conflictos internacionales de competencia y también a un abuso de la CMA.
«Además de animar a la CMA a alcanzar decisiones (anticompetencia u otras) más rápidamente, mediante la imposición de un ‘deber de expedición’, la reforma:
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Expande el ámbito territorial de la prohibición en materia de acuerdos anticompetencia que lleven a acuerdos que puedan implementarse fuera de Reino Unido y que tengan (o probablemente tengan) efectos en el Reino Unido ‘inmediatos, sustanciales y previsibles’.
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Amplía las funciones para recabar pruebas, incluyendo:
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Una nueva obligación (para particulares y empresas) de conservar pruebas.
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Mayores poderes de la CMA para interrogar a individuos que no estén relacionados con la compañía objeto de investigación.
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Otorga competencias a la CMA para obtener información almacenada electrónicamente y accesible en soporte (profesional o doméstico) (por ejemplo, en la nube) durante las investigaciones que se realicen previa orden judicial.
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«Mayores poderes de la CMA para interrogar a individuos que no estén relacionados con la compañía objeto de investigación».
- Funciones para hacerse con y custodiar pruebas al llevar a cabo investigaciones de carácter doméstico bajo orden judicial. Esto aumentará las investigaciones híbridas, dado que el Gobierno entiende que es más probable que las pruebas se guarden en domicilios privados.
- La CMA podrá solicitar la producción de documentos e información fuera del territorio de Reino Unido, donde exista una investigación o donde se sitúen los terceros con suficiente poder en Reino Unido (ya se han introducido medidas similares en relación con las competencias en materia de fusión, mercados, consumidores y mercados digitales de la CMA). Esto solventará la reciente situación que ha vivido la CMA, en la que un Tribunal ha determinado que no tenía competencia para pedir información al extranjero».
Es decir, nos encontramos ante una reforma que, aunque cumpla con las leyes británicas, rompe drásticamente con la división de poderes y sumisión al Poder Judicial que se aplica en otros países, como es el caso de los Estados Miembro de la Unión. La CMA podrá investigar domicilios privados (algo que, en la Unión Europea, solo puede darse en casos muy tasados y por personal autorizado), además de extender sus investigaciones fuera del territorio británico; lo que también podría chocar con las normas que tenga el país de donde pretenda sacar la información.
