¿Cómo regular las loot boxes en España y cómo es la ley actual? El tema de la regulación del juego online ha vuelto a salir a la palestra, después de las declaraciones realizadas por Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes, presidente de la asociación FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados), al medio Millenium. En ellas, Gutiérrez explica que la regulación del consumo de videojuegos y las «loot boxes» es una de las principales prioridades del Gobierno español actual. También fue una de las principales promesas de Alberto Garzón, actual Ministro de Consumo, al llegar al cargo. Todo apunta a que España seguirá el modelo de Bélgica en cuanto a la regulación del juego. Pero, ¿cómo regular las loot boxes en España y cómo es la ley actual? Porque no es tan sencillo como parece.
España no es Bélgica
Lo primero que hay que tener claro es que España no es Bélgica. Y que la idea de que «como Bélgica lo hace, que lo haga también España» no es así, porque son sistemas diferentes. Las leyes de una materia determinada (como es el caso de Bélgica) dependen de cómo esté estructurado política y económicamente un país. Y las estructuras de España y Bélgica son parecidas, pero no iguales.
Bélgica se estructura en torno a un Gobierno Federal, tres comunidades lingüísticas (de lengua flamenca, francesa y alemana) y tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas-Capital). Cada una con sus funciones y competencias propias. En el caso de España, el país también se estructura en tres niveles, pero diferentes: un primer nivel que corresponde al Estados, un segundo que corresponde a las Comunidades Autónomas y un tercero que corresponde a las entidades locales. Y ocurre lo mismo: cada una tiene sus propias competencias y funciones.
Pero no es lo mismo Bélgica que España. El reparto de competencias y funciones no es igual. Así que no podemos simplemente tomar la ley belga y copiarla en nuestro sistema tal cual, sino que habría que adaptarla, cuadrarla en relación con la Constitución Española y su reparto de competencias y ya, finalmente, aplicarla.

España y Bélgica son dos sistemas diferentes, así que no se puede coger la ley belga y aplicarla directamente.
¿Cómo es la regulación actual del Juego en España?
Tomando como base lo anterior, hay que tener en cuenta el reparto de competencias que hay en España. Es decir, cómo se reparte la regulación de una materia en relación con el Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales de las que acabamos de hablar. Sin entrar en muchos detalles, solo explicaremos lo que ocurre en torno al Juego.
Para esta materia, existe una doble competencia: la del Estado y la de las Comunidades Autónomas (artículos 149 y 148 de la Constitución Española, respectivamente). ¿Esto qué significa? Pues que, como podemos ver en esos artículos, tanto Estado como Comunidades Autónomas intervienen en la regulación del Juego, tanto creando leyes como aplicándolas.
Y es en este punto donde nos encontramos el primer detalle destacable. Porque el artículo 149, que recoge las competencias que pertenecen al Estado obligatoriamente, no se refiere específicamente al juego. Y algunos pensaréis ‘¿pero cómo es posible que la Constitución no diga explícitamente que el Estado regule el Juego y que aun así exista una ley estatal del Juego?‘. Pues es fácil: aunque no haya ninguna mención clara al Juego, es una materia que puede incluirse en otras que sí se nombran. Como es el caso de la Economía, Hacienda o telecomunicaciones, todas ellas reguladas por el Estado. El juego online, las «loot boxes» y los micropagos, como están estrechamente relacionado con estas materias, también pueden incluirse perfectamente en ellas.
Por eso, actualmente está vigente la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego donde se contempla todo lo relativo a casinos, apuestas, bingos y demás aspectos relacionados con el concepto clásico de juego. El problema es que no hay ninguna mención especial a las «loot boxes» o cajas de botín, de ahí que, ahora mismo, haya un vacío legal en esta materia.

Ahora mismo hay un vacío legal en la regulación de las loot boxes en España.
Estado y Comunidades Autónomas: leyes distintas
Frente a esto, los Estatutos de Autonomía suelen incluir menciones específicas a la regulación del juego. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Madrid dice que «esta Comunidad la plenitud de la función legislativa en materia de Casinos, Juegos y Apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas» (artículo 26) y el de Cataluña que «corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de juego, apuestas y casinos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Cataluña» (artículo 141.1).
Es decir, que la misma materia está regulada por el Estado y por las Comunidades Autónomas. Y pensaréis «vale, pues mejor, más protección«. Y tenéis razón… en parte. Hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas, siempre que respeten las leyes del Estado, pueden regular las materias con cierta libertad. Es decir, en la práctica, el tema de las «loot boxes» puede estar regulado de forma diferente en Asturias, en Castilla y León o en Andalucía.
El ministro @agarzon se ha reunido hoy con representantes de AERC para dialogar sobre la regulación de la publicidad de juego online pic.twitter.com/ckArFgT2mP
— Ministerio de Consumo (@consumogob) February 7, 2020
Aun así, en la práctica no suele haber problemas con estas cosas. Lo que ocurre es que, a nivel estatal, suele haber una Ley muy detallada de la materia, para que así, a nivel autonómico, no haya problemas ni diferencias a la hora de desarrollarla y aplicarla.
Lo que ocurrirá es que, cuando se aprueben las modificaciones a la Ley del Juego del Estado, cada Comunidad Autónoma tendrá que cambiar la suya propia. Os dejamos los enlaces a las Leyes del Juego de Madrid y Cataluña, pero si os interesa alguna más, solo tenéis que pedírnoslo en los comentarios.
Pese a esto, el tema no deja de plantear incógnitas sobre cómo se regulará: ¿habrá límite de edad de acceso a los juegos? ¿Hasta qué punto se puede controlar el acceso a las loot boxes? ¿Pasará lo mismo si consumen ese contenido menores o mayores de edad? ¿Qué pasará si el Estado sobrepasa sus límites y entra a regular temas que le competen a las Comunidades Autónomas? ¿Qué opináis?